Por una SANIDAD UNIVERSAL

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Comunidad de Madrid

Un juez de Plaza de Castilla admite a tramite la querella contra Güemes y Lamela por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación...

GÜEMES Y LAMELA DECLARAN COMO IMPUTADOS EL PRÓXIMO DÍA 2 DE OCTUBRE
Un juez de Plaza Castilla imputa a la cúpula que inició la privatización de la Sanidad madrileña

El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.

En un auto fechado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos. La acusación popular la representan varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.

Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez cita en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre. Las declaraciones en calidad de imputados concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes. El juez indica en el auto que todos ellos deberán ir acompañados de un abogado, ya que declararán como imputados.

Tras ello, dictará una nueva providencia para citar a varios testigos, entre ellos el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual, o el director médico del Hospital Infanta Elena, Juan Antonio Azofra.

En la resolución, el juez expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en "el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a traves del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones".

Añade que los hechos "se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública".

La Comunidad, "segura" de que todo se hizo correctamente
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha explicado a Europa Press que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se muestra "segura de que se actuó correctamente" durante la primera externalización, pues se desarrolló con "todos los procedimientos legalmente establecidos".

Por tanto entienden que esta querella es una "maniobra política del PSM y de su sindicato médico" ya que estos primeros hospitales con gestión externalizada no sólo "cumplen con un umbral de satisfacción muy alto", sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes.

En relación con Lamela, la querella habla de su vinculación con la empresa Assignia Infraestructuras, una empresa que "participa en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, licitados y adjudicados en la etapa en la que Lamela era consejero de Sanidad y que inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja".

De igual modo, señala que Güemes, ex consejero de Sanidad entre 2007 y 2010, está vinculado a Unilabs, "una filial española de la mutliancional suiza del mismo nombre y que anunció el pasado noviembre la compra del 55% de la UTE, compuesta por Grupo Balaqué y Ribera Salud", la adjudicataria.

"La operación se ha efectuado por valor de cinco millones de euros y su domicilio está en la Fundación Jiménez Díaz Después de cerrar el Laboratorio Central de Análisis, y cerrar los laboratorios de los hospitales, se otorgó la concesión a Unilabs en la que se integró Güemes", agrega el auto.

Güemes es miembro del consejo de administración de Unilabs. Esta empresa adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que originariamente la Comunidad, con Güemes de consejero de Sanidad, adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009 en un concurso que, además, Unilabs perdió.

Gestión sanitaria de hospitales
En la querella se detalla cómo entre 2004 y 2007 se licitan y aborda la construcción de ocho nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, planteándose su construcción entre 2007 y 2011 de los hospitales de Torrejón, Móstoles, Collado Villalba y Carabanchel.

Prosigue explicando que para los hospitales construidos posteriormente, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba, se formalizan contratos de gestión del servicio público que incluyen también los servicios clínicos. El plazo de duración de los contratos es también de treinta años. Estos hospitales son conocidos como hospitales con colaboración público-privada (CPP) en régimen de concesión administrativa.

En este modelo de gestión, la empresa privada recibe de la administración pública un canon anual que se paga por adelantado mensualmente, por cada persona de su área de protección, a cambio de atender las necesidades asistenciales de su población.

Averiguaciones
Sexmero recalca en el auto que el objeto de esta investigación está encaminado a "la averiguación de la realidad de las conductas irregulares denunciadas sólo en la medida que tengan trascendencia penal respecto del trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes de la sanidad pública a la privada bajo intimidación o engaño".

Asimismo, a investigar "la denunciada ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintana y la no reclamación de 1.5 millones de euros a Capio en la medida que pueda haber perjudicado a la Hacienda Publica".

También se investigará "la denunciada falsedad o no de la facturación intercentros, las irregularidades de algunos de los convenios o concesiones al sector privado y en concreto a sociedades con accionistas opacos, la contratación de exconsejeros de Sanidad por las empresas concesionarias y beneficiarias de la gestión de aquellos y la supuesta negligencia y descontrol en el gasto público en la gestión de los servicios, sin perjuicio de las que pudieran derivarse de estas".

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Regina

Ojalá haya jueces que puedan frenar el negocio que quieren hacer con la sanidad. Parece mentira que haya gente que se esté frotando las manos con este tema.

olmo

Ojalá haya jueces que puedan frenar el negocio que quieren hacer con la sanidad. Parece mentira que haya gente que se esté frotando las manos con este tema.

En este desmadre en el que vivimos, difícil tarea tienen los jueces para frenar el latrocinio que estos sinvergüenzas ejercen casi con absoluta impunidad, pero haberlos "hailos";la jueza de los EREs, el juez del caso Fabra de Castellón, un par de juezas en Galicia juzgando a caciques -con un par..- en fin, con estos ejemplos, se mitiga algo la sensación de desamparo en que nos encontramos los ciudadanos.

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olmo

Andalucia, Aragón, Comunidad de Madrid, La Rioja...

Una multitudinaria 'marea blanca' vuelve a inundar las calles al grito de "Sí se puede"

Miles de ciudadanos, convocados por organizaciones en defensa de la sanidad pública, han participado este mediodía en diversas marchas, la más numerosa ha sido la de Madrid
En otras ciudades, como en Zaragoza, Logroño y Sevilla, cientos de personas han secundado distintas iniciativas en contra de las privatizaciones en el sector sanitario.

(Agencia EFE) | En Madrid, pacientes y profesionales sanitarios han comenzado la protesta frente a la sede del Gobierno regional, situado en Sol, donde han lanzado papeletas blancas de la consulta popular con la casilla del sí marcada, a favor de la sanidad pública.

La "marea blanca", que ha dejado de ese color el suelo de la plaza, ha iniciado poco después la marcha detrás de la pancarta "Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad Pública".

Junto a la cabecera, ciudadanos que portaban chalecos con mapas de todas las comunidades autónomas, han caminado al ritmo de lemas como "el pueblo unido, jamás será vencido".

La iniciativa ha concluido con un minuto de silencio en la Puerta de Alcalá, donde los miles de participantes han levantado un folio con la palabra "SÍ", con la que han formado una gran mancha blanca.

"Casi un millón de ciudadanos han participado en esta consulta, de los que el 99,4 por ciento dijeron 'sí' a una sanidad de gestión pública y de calidad", ha explicado Enrique Martín, organizador de esta "simbólica" iniciativa popular, que van a trasladar a los ayuntamientos "para que presenten mociones dirigidas a las Cortes y a los gobiernos regionales".

Desde la asociación de médicos Afem, Mónica García, ha destacado la importancia de que los jueces ya estén investigando la gestión realizada por responsables de la sanidad madrileña por supuestas irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004. "Los políticos viven ajenos al pueblo, pero no son impunes", ha dicho la representante de los sanitarios.

Durante la lectura de un manifiesto en contra de los recortes y a favor de la sanidad pública, los concentrados han proferido consignas del tipo "ladrones", "únete, no nos mires" y "a por ellos".

La concentración de Madrid se produce después de que un juzgado de la capital haya citado como imputados a los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, en una querella que pide investigar delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de fondos públicos.

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que quienes han convocado la nueva marea "ya no están pensado mucho en la sanidad" sino que siguen una "pura estrategia de confrontación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En otras ciudades, como en Zaragoza, Logroño y Sevilla, cientos de personas han secundado distintas iniciativas en contra de las privatizaciones en el sector sanitario.

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olmo

Cataluña

La investigación ciudadana pone en aprietos a los directivos de la Sanidad catalana

BARCELONA// Desde hace unas semanas, varios gestores de la sanidad pública catalana están compareciendo en el Parlament en el marco de una comisión de investigación. Algunos de ellos están imputados por presuntas irregularidades cometidas desde sus cargos de dirección en la sanidad pública, gravemente afectada por los recortes presupuestarios. Parte de estas no se conocieron por la labor de los medios de comunicación ni por las indagaciones de la justicia, sino por la investigación que han llevado a cabo profesionales de la sanidad y ciudadanos.

La revista gratuita Cafeambllet contribuyó a abrir el camino. Sus editores, Marta Sibina y Albano Dante, no son periodistas de formación. Durante dos años indagaron en el funcionamiento de los hospitales y fruto de ello detectaron numerosas irregularidades en su gestión. Si bien recogieron el testigo de otras personas que durante años investigaron en silencio a los gestores sanitarios, la repercusión que tuvo su caso ha servido de inspiración a otros colectivos ciudadanos, que con sus investigaciones han contribuido a abrir procesos judiciales y a que se inicien investigaciones de oficio por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña o la Fiscalía.

El caso más reciente se conoció esta semana, cuando el diario El País daba a conocer las supuestas incompatibilidades que afectan al director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, que a su vez es apoderado de seis empresas privadas que el año pasado facturaron a este organismo (que gestiona casi el 98% del presupuesto de la sanidad) más de 14 millones de euros, lo que incumpliría la Ley de Incompatibilidades para altos cargos de la Generalitat. Padrosa ha alegado desconocer que sus poderes en las empresas no se habían revocado, y el conseller de Salut, Boi Ruiz, defendió que la actuación de su antiguo compañero de junta en la patronal Unió Catalana d’Hospitals, la mayor del sector privado en Cataluña, fue “totalmente reglamentaria”. La investigación realizada por la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS) fue clave para que se conocieran estos hechos.

En la PARS no hay periodistas, ni detectives. Ni siquiera la mayor parte de sus miembros trabajan en el ámbito sanitario, sino que desde otras profesiones les une la voluntad común de preservar el modelo público de salud y, de alguna manera, fiscalizar la actuación de aquellos gestores sanitarios que con el argumento del ahorro y la eficiencia reducen el gasto e impulsan privatizaciones.

La labor de investigación de la PARS tuvo sus bases en la querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por diversos colectivos contra el conseller Boi Ruiz y otros tres altos cargos del Departamento de Salud, entre ellos el mismo Padrosa, por, entre otros presuntos delitos, impedir el derecho a la protección de la salud con los recortes aplicados. El tribunal la acabó archivando. “Cuando presentamos la denuncia ya hablábamos de las posibles incompatibilidades de Padrosa. Ni el TSJC ni la Fiscalía quisieron investigar, pero nosotros nunca hemos dejado de intentar hilar los datos a los que íbamos teniendo acceso”, explica Marian Rodríguez, administrativa e integrante de la PARS.

Cuando en mayo de este año, la Generalitat publicó el registro de convenios y contratos del CatSalut, observaron cómo las empresas de las que Padrosa seguía siendo apoderado facturaban directamente con el organismo de la Generalitat. Los documentos que han consultado son de dominio público, como los actos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la web de contratación pública de la Generalitat, el registro de convenios y contratos del CatSalut o las leyes que regulan el régimen de incompatibilidades para altos cargos. “La idea que nos gusta transmitir es que cualquiera que tenga el interés de investigar puede hacerlo, porque nuestra herramienta básica de trabajo es una conexión a Internet y Google”, cuenta Rodríguez.

Información al alcance de todos

Y es que en la red se encuentra, a disposición del que sepa encontrarla, mucha de la información que ha permitido conocer las supuestas irregularidades cometidas por los gestores sanitarios. Por ejemplo, los informes de la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas catalán). En éstos se sumergió un trabajador del Hospital Clínic de Barcelona, que prefiere mantener su anonimato por temor a represalias laborales, cuando comenzaron los recortes y se empezó a conocer la intención de los gestores de iniciar un proceso de privatización.

Fruto de esa investigación, llevada a cabo con ayuda de algunos de sus compañeros y de otros ciudadanos organizados durante el encierro en el hospital, conocieron, entre otros aspectos, que el Clínic había asumido una deuda privada de la empresa que presta el servicio de limpieza, irregularidades en los procesos de contratación del centro o los estrechos vínculos entre directivos como el exconsejero delegado del hospital, Raimon Belenes, con mutuas y empresas privadas del ámbito sanitario.

“Lo que me guió fue ver lo que estaba denunciando Cafeambllet, y dónde estaban encontrando la información. Me puse a mirar los informes de la Sindicatura de Comptes. Lo que encontré me hizo ver las dimensiones del nivel de corrupción que había habido en el Clínic, y el silencio que sobre esto había habido a todos los niveles, desde el sindical hasta fuera de ese ámbito”, explica el trabajador. Las supuestas irregularidades descubiertas están recogidas en un blog: Esclat Clínic, mediante el cual tratan de difundir los hechos que van conociendo.

Esta labor de investigación, sin embargo, requiere una gran dedicación, y ocupar las horas fuera de la jornada laboral. “Cuando empiezas a ver que has encontrado algo interesante, que tienes que seguir buscando, que hay que hilar datos, de repente las cosas se aceleran y al final te acabas acostando cada día a las dos o a las tres de la mañana. Evidentemente es un esfuerzo, pero nosotros estamos encantados de hacerlo y no podríamos hacer otra cosa”, explica Rodríguez.

En el Hospital de Sant Pau, también en la capital catalana, una denuncia del comité de empresa dio origen a una extensa investigación judicial que mantiene imputados a directivos del centro de los últimos 15 años. Pagos ilegales a altos cargos, sobrecostes en obras y adjudicaciones irregulares son algunos de las presuntas irregularidades que investiga la Justicia, y que salieron a la luz gracias al empeño de parte de los trabajadores. Entre ellos la radióloga Carmen Pérez, empleada en el centro desde 1979 y que fue la principal impulsora de las investigaciones que han permitido imputar a la cúpula del hospital.

La movilización genera redes de apoyo y difusión

El aumento de la movilización ha favorecido que se creen redes de apoyo y difusión, que ayudan a que se conozcan las informaciones. También el contacto con algunos grupos políticos que trasladan las denuncias al Parlament y con los medios de comunicación que quieran hacerse eco es clave para que las denuncias adquieran relevancia.

El colectivo de periodistas independientes Sicom (Solidaritat i Comunicació), colabora en la difusión de los escándalos que van saliendo a la luz, aportando sus conocimientos en el campo audiovisual para colgar las noticias en la red. Su presidente, Josep Cabayol, sostiene que esta dinámica ha aparecido en buena parte por la dejadez en sus funciones de los grandes medios de comunicación. “Alguna cosa no funciona en los medios de referencia. Y si los medios no hacen su trabajo es lógico que la ciudadanía, que está viendo que, o se autoorganiza y se autoempodera o no tiene nada que hacer, esté buscando fórmulas de hacer aflorar todas estas cosas que afectan a sus vidas y a su futuro”, defiende.

Cabayol explica que ha encontrado en todas estas personas un profundo sentido de responsabilidad ciudadana. “Es gente con un gran convencimiento de que los derechos no los da nadie sino que los conquista la ciudadanía, y por tanto es gente dispuesta a dedicar una parte de su vida a asegurar estos derechos. Son personas muy sensibilizadas y muy responsabilizadas, con una gran capacidad de trabajo y de sacrificio”, valora.

Su labor, además de ayudar en la difusión, es también comprobar, como periodistas, que los hechos que se denuncian son ciertos. “Nos corresponsabilizamos de la información, eso es importante. Cuando publicamos alguna cosa, porque alguien se pone en contacto con nosotros, toda la información está confirmada, sino no la damos”. En sus videos aportan también la documentación que acredita las presuntas irregularidades detectadas.

Ofrecer las herramientas necesarias a los ciudadanos para que sean capaces de iniciar investigaciones por su cuenta es uno de los objetivos que se plantearon los editores de Cafeambllet cuando publicaron su libro Artur Mas, ¿donde está mi dinero?. “Más allá de las manifestaciones y las pancartas, la investigación y la fiscalización ciudadana deben formar parte de la lucha por la sanidad. La intención es que el libro sirva de guía para cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que quieran comenzar a investigar”, exponen en la introducción de la obra.

Marian Rodríguez concluye: “Esa responsabilidad de la ciudadanía hoy en día está ocurriendo a unos niveles que no son ni mucho menos los ideales. Porque estamos en una situación muy crítica y porque están fallando de oficio todos los mecanismos de la Administración que tendrían que funcionar. Ahora más que nunca es necesario que los ciudadanos estemos atentos”.

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La austeridad, un arma letal
David Stuckler presenta el libro que ha coescrito junto a Sanjay Basu, 'Por qué la austeridad mata', que compendia datos y análisis que demuestran que los recortes tienen un efecto mortífero para la salud pública.
“Las recesiones son neutrales para la salud, el peligro son las decisiones que toman los políticos”

Son muchas las voces que hasta ahora han venido clamando contra las políticas de austeridad que están minando pilares del estado del bienestar tan fundamentales como la sanidad pública. El investigador experto en economía de la salud David Stuckler, junto al epidemiólogo Sanjay Basu, ha recopilado y analizado durante una década los datos que prueban –de manera fehaciente y contrastada- que todas esas sospechas e intuiciones sobre lo pernicioso de recortar eran absolutamente ciertas. No solo eso. No es que la austeridad sea simplemente negativa: es que, directamente, acaba con la vida de las personas.

En la presentación en Madrid del esclarecedor y a la vez sencillo libro que ambos autores acaban de publicar sobre la cuestión, Por qué la austeridad mata (Taurus), Stuckler aprovechó para reunirse con una decena de representantes de diferentes colectivos y movimientos sociales que en España están luchando por defender y reconducir terrenos como la economía o la sanidad. Portavoces del sindicato de CAS (la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid), del Instituto de ciencias económicas y de la autogestión, de Yo SÍ sanidad universal, del Grupo de Economía de la Asamblea del 15-M, de la Fundación Salud por derecho, un politólogo… se sentaron con el investigador -que ha escrito más de 90 artículos para publicaciones científicas- para debatir sobre la coyuntura de un país en el que, a causa de las crecientes medidas de austeridad, sobrevuela la amenaza de un grave peligro para la salud pública y, por tanto, de un mayúsculo desastre social.

El resultado de sus pesquisas, explicó Stuckler, ha llevado a ambos autores a extraer una clara conclusión: “Las recesiones son neutrales para la salud, el peligro son las decisiones que toman los políticos”. Casos como el de la Gran Depresión que se desató a finales de los años veinte, ilustró el investigador, llevaron incluso a una caída del 10% de la mortalidad: “Por ejemplo, porque al no tener dinero, la gente dejó de coger el coche, y se redujeron las muertes en carretera”. El problema llegó a la hora de aplicar las recetas para el crecimiento: mientras que ciertos estados de EEUU abrazaron la inyección del New Deal, otros prefirieron apretarse el cinturón. Y fueron estos últimos los que resultaron perdedores en la carrera por la recuperación, debido a que en condiciones de precariedad, aumentan las tasas de suicidio, de alcoholismo, de enfermedades coronarias y de otras epidemias, como la depresión.

“La comparación hoy está entre Grecia e Islandia: en Grecia la sanidad ha sufrido desde 2010 un recorte del 40%, lo que ha provocado un ascenso del VIH hasta el doble de las cifras anteriores, han brotado enfermedades como la malaria, que estaba controlada desde los setenta, empresas farmacéuticas han abandonado el país, por lo que ahora hay más de 200 medicamentos no disponibles, y se ha disparado el consumo de una droga llamada Sisa (un derivado de la metanfetamina)”, relató Stuckler, que enfatizó la idea de que al final, resultará más caro controlar esas enfermedades que haberlas prevenido en su momento. “Islandia, que vivió el peor derrumbe bancario de la historia, vio cómo su ministro de Sanidad dimitía en protesta por los recortes y cómo el presidente convocaba un referéndum para saber qué soluciones quería la población. Un 93% de los islandeses votaron 'no' al rescate, y a partir de ahí no se registró ningún ascenso en los suicidios o la depresión. Esto demuestra que una crisis no tiene por qué llevar necesariamente a un desastre para la salud pública”.

Ante el despliegue de información de Stuckler, los participantes españoles –todos, en realidad, muy de acuerdo con lo que se afirmaba-, se mostraron ante todo sorprendidos por cómo había podido acceder el investigador a las cifras que se presentan en el libro, dada la tremenda opacidad que existe aquí. “Trabajo con el observatorio europeo de sistemas de la salud, que a su vez trabaja con la OMS”, contó el autor, que ha estudiado profundamente la situación en España, el país con el que arranca el relato de su libro. “Bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, la deuda sobre el PIB ha ido subiendo, por lo que no es creíble que sus medidas estén ayudando. Los recientes recortes están haciendo aumentar la deuda”, afirmó el investigador, que puso sobre la mesa los datos del coste de determinadas decisiones políticas: "Por cada euro invertido en salud, educación y protección social, se da un retorno sobre la inversión de tres euros, mientras que las inversiones en defensa o en rescates bancarios a veces pueden tener incluso un valor negativo, llegando a provocar déficit".

Entonces, ¿por qué se siguen dando hachazos a diestro y siniestro, se llevan adelante cada vez más privatizaciones y se insiste en salvar a los bancos frente a las personas? “¿Qué otra razón puede haber más que la ideología?”, respondió Stuckler. “Los políticos usan la crisis como una oportunidad para privatizar, y además hay relaciones políticas muy complejas en Berlín y Bruselas”. Como ejemplo concreto de las consecuencias de la funesta gestión en España, Stuckler se valió del caso de Cataluña, que comenzó a privatizar sus hospitales en 2011, antes que otras Comunidades. “Desde entonces las listas de espera han aumentado un 45%, y las operaciones quirúrgicas se han reducido en un 15%”, ilustró Stuckler, que también sacó a colación otros países que han privatizado sus servicios sanitarios, como Reino Unido o Australia. "Allí la iniciativa ha sido un desastre: al final sale más caro, porque han tenido que rescatar a hospitales, y los contratos en Reino Unido tienen unos intereses tan altos que cuesta más pagarlos, hasta el punto que algunos hospitales han cerrado".

Dado que el grueso de los recortes en España se ha comenzado a aplicar unos dos años después que en Grecia, no resulta complicado imaginar dónde podríamos terminar una vez transcurrido ese periodo de tiempo. "Es casi inevitable", aseguró Stuckler. “Ya ha habido más de 400 suicidios, y están aumentando los niveles de alcoholismo, especialmente entre las mujeres. Además, como consecuencia del copago, ya hay 180.000 personas que afirman tener una falta de atención sanitaria”. Y eso dejando de lado factores sociológicos como el ascenso del grupo neonazi griego Amanecer Dorado, que recuerda al auge de los fascismos el siglo pasado, ocurrido precisamente tras una crisis: "Y la historia suele estar condenada a repetirse".

Sobre los posibles remedios ante una situación que ya ha sobrepasado el límite de lo preocupante, y dado el grado de compenetración de todos los participantes en el debate, Stuckler instó a la unión por una causa común. "Hace falta que las movilizaciones sociales cristalicen en propuestas", apuntó, para concluir que "si la austeridad fuera un ensayo clínico, se habría parado por sus efectos secundarios mortíferos".

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olmo

Comunidad de Madrid

La Marea Blanca intensifica sus protestas a dos días de conocer cuánto ofrecen las empresas por los hospitales

La Marea Blanca no descansa. A falta de dos días para que se conozca la oferta económica presentada por las empresas para hacerse con los seis hospitales que la Comunidad de Madrid va a externalizar, el colectivo ha decidido echar el resto e intensificar sus protestas. Hoy mismo ha acudido a la Consejería de Sanidad para entregar firmas de usuarios que exigen ser tratados en la pública y el fin de las derivaciones a centros privados, y este viernes habrá una cacerolada para mostrar la repulsa de profesionales y pacientes ante el proceso privatizador.

El 15M de Moratalaz ha recogido entre la ciudadanía del distrito sus reclamaciones contra la intención del Gobierno regional de “desmantelar” la Sanidad pública. Los usuarios y pacientes del distrito exigen ser atendidos en los hospitales más próximos a sus domicilios y que las hospitalizaciones y las pruebas diagnósticas sean siempre en centros públicos.

Los ciudadanos de Moratalaz se niegan a ser atendidos en centros privados o concertados, y precisamente este sentir ha quedado reflejado en una recogida de firmas cuyo lema es ‘Elige hospital público’, que los ‘indignados’ han entregado esta misma mañana en la Consejería de Sanidad madrileña.

Aunque las acciones de la Marea Blanca contra la privatización de hospitales orquestada por Javier Fernández-Lasquetty no acaba ahí. Para este viernes, cuando se abren los pliegos con las ofertas económicas presentadas por las empresas que han concurrido al concuso, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una cacerolada.

La acción tendrá lugar a partir de las 9 horas frente al Edificio Sollube, en la Plaza Carlos Trias Bertran (zona Azca), justo en el mismo momento en el que comenzará la apertura de los pliegos de la puertorriqueña HIMA San Pablo, que opta al Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el del Tajo (Aranjuez) e Infanta Cristina (Parla), estos dos últimos licitados en un solo pack; de Sanitas, que ha pujado únicamente por el Hospital del Henares (Coslada); y del consorcio integrado por Ribera Salud (aseguradora de Bankia y el Sabadell), Ingesan (concesionaria de servicios de OHL) y la compañía Iecisa (El Corte Inglés), que ha pujado por los hospitales Infanta Leonor de Vallecas y el del Sureste, ubicado en Arganda del Rey.

El pasado día 19 de junio se produjo la apertura pública de las plicas (oferta técnica), y tras conocer la oferta económica la Consejería de Sanidad estudiará las propuestas y valorará su adjudica o no los hospitales a estas empresas.

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Olmo

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Gaspar Llamazares: "La Sanidad se encuentra ante la tercera ola de las privatizaciones"

El diputado de IU estuvo junto a Juan Barranco presentando el libro 'La contrarreforma sanitaria', una obra coordinada por el doctor Marciano Sánchez Bayle y que pretende "de una forma necesariamente parcial, denunciar el cambio de modelo sanitario en nuestro país".

"Hay que defender la Sanidad pública y mejorar la Sanidad pública, pero no como lo viene haciendo el Gobierno", con estas palabras arrancó su intervención Gaspar Llamazares para presentar el libro 'La contrarreforma sanitaria', una obra coordinada por el doctor Marciano Sánchez Bayle y que pretende servir de contrapunto al proceso privatizador dentro del ámbito sanitario iniciado en algunas comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o Valencia.

Según Llamazares, con el proceso de privatización de la Sanidad estamos "ante la tercera ola de las privatizaciones". La primera, siempre según el diputado de Izquierda Unida (IU), fue la iniciada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. La segunda, fue a finales del siglo pasado; con la privatización de las infraestructuras, los servicios y las telecomunicaciones. Y la tercera ola sería precisamente "la que estamos viviendo ahora".

Como reconoce el autor en la introducción de la obra, el libro "pretende hacer un repaso, necesariamente parcial, de los principales aspectos de la privatización sanitaria en España". No en vano, el otro compañero de filas para presentar el volumen era Juan Barranco, el exalcalde socialista de Madrid y actual senador por esta Comunidad. En un principio, el lugar de Barranco lo iba a ocupar Tomás Gómez; pero el secretario general del PSM estaba en Bruselas, precisamente interponiendo una denuncia ante la Comisión Europea contra la privatización de la Sanidad madrileña.

Como reconoció Sánchez Bayle, el objetivo del libro es claro: "Se trata de denunciar el cambio de modelo sanitario en nuestro país". Y con ello, se quiere que las personas lean 'La contrarreforma sanitaria' encuentren en la obra un instrumento con el que hacer frente a esta situación. En resumen, quieren que el volumen sea útil para todos aquellos que estén en contra de la privatización de la Sanidad.

"El servicio nacional de salud durará mientras haya gente dispuesta a luchar por él"
Un proceso de privatización que en opinión de Sánchez Bayle viene de lejos: "Desde los años setenta del siglo pasado tanto Reagan como Thatcher iniciaron una cruzada que puso en boga un proceso de destrucción de los servicios públicos básicos dejando en manos del mercado y de las empresas privadas todos los servicios que proveía el Estado". Y que además encuentra acomodo en tres motivos: "los motivos ideológicos, los motivos de las multinacionales con sus ojos puestos en el sistema sanitario como un gran nicho de mercado no explotado y los motivos que llevan aparejados los intereses personales".

Gaspar Llamazares fue más allá y señaló que ante lo que está ocurriendo en Madrid los ciudadanos se encuentran ante un caballo de Troya y dijo que "es la movilización social lo único que frena al caballo de Troya", en clara alusión a las mareas blancas que han llevado a cabo los profesionales sanitarios para protestar contra las medidas privatizadoras.

Juan Barranco, por su parte, criticó las palabras de Lasquetty cuando alude a la oposición como si fueran "radicales" y defendió que su partido, el PSM, "mantiene una posición clara y rotunda sobre lo que es la Sanidad Pública". Además, Barranco llevó a cabo una interpretación de la forma de actuar para llevar a cabo las privatizaciones: "Primero se empieza denunciando todo lo público y desprestigiándolo. Y una vez lograda esa fase de fuego graneado, viene la ocupación del terreno por la infantería, que son las empresas privadas".

Tanto Sánchez Bayle, como Llamazares, como Barranco están en favor de la Sanidad pública y en contra de la privatización. Como recuerda el doctor Sánchez Bayle en el libro, parafresando a Aneurin Bevan: "el servicio nacional de salud durará mientras haya gente dispuesta a luchar por él".

Un saludo al foro!
Olmo

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Comunidad de Madrid

Sanidad desvela las ofertas económicas para externalizar la gestión de seis hospitales de Madrid

28 jun (EFE).- Las ofertas económicas que presentan Ribera Salud, Sanitas y el grupo HIMA San Pablo para optar a la gestión de seis hospitales públicos madrileños se desvelarán hoy, cuando la mesa de contratación abra la documentación exigida.

28 jun (EFE).-

Las ofertas económicas que presentan Ribera Salud, Sanitas y el grupo HIMA San Pablo para optar a la gestión de seis hospitales públicos madrileños se desvelarán hoy, cuando la mesa de contratación abra la documentación exigida.

La apertura de los sobres de la licitación, que se concederá por un periodo de diez años improrrogables, tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana, en un acto público en la sede del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Con este concurso de externalización, cuyas ofertas técnicas ya se abrieron la semana pasada, la Consejería de Sanidad pretende obtener un ahorro del 20 % en el gasto asistencial de estos hospitales, que se licitan en cinco lotes.

Una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Ribera Salud, Ingesan (del Grupo OHL) e Iecisa (Informática El Corte Inglés S.A.) puja por gestionar los hospitales del Sureste (Arganda del Rey) e Infanta Leonor (Vallecas).

Sanitas, por su parte, puja por el Hospital del Henares (Coslada), mientras que HIMA San Pablo, que es el único licitador extranjero, aspira a gestionar el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), así como el Infanta Cristina (Parla) y el hospital del Tajo (Aranjuez) que se ofertan en conjunto.

La cápita, que es el precio que abonará la Administración a la concesionaria por atender a la población de referencia de cada hospital, será de un promedio de 484 euros por habitante y año, una cifra que se ha calculado en función del coste asistencial de estos hospitales durante los años 2011 y 2012.

Uno de los requisitos para optar a gestionar estos centros, que en conjunto atienden a más de 1.154.000 personas, es el compromiso de mantener los 5.200 empleos de los profesionales sanitarios que actualmente trabajan en ellos.

Como novedad, la concesionaria abonará a la Comunidad un canon anual por el arrendamiento y uso de los edificios e infraestructuras puestas a su disposición, incluidos los centros de especialidades adscritos a estos hospitales.

La mesa de contratación, presidida por el director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, Jesús Vidart, aprobará las adjudicaciones en función de ambas ofertas, la técnica y la económica, que se valorarán al 50% cada una.

Una vez finalizado el proceso, el Gobierno regional espera que el cambio de gestión se produzca en septiembre y que los hospitales mantengan hasta entonces su actividad normal.

El proceso de externalización, contenido en la Ley de Medidas Fiscales de 28 de diciembre, ha suscitado ocho meses de protestas y huelgas convocadas por sindicatos y plataformas de trabajadores y usuarios, además de numerosos recursos judiciales interpuestos por sindicatos y partidos.

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La Marea Blanca usa la libre elección de médico impulsada por Lasquetty para boicotear la privatización de hospitales

La Marea Blanca se ha propuesto luchar contra la privatización de hospitales en Madrid desde todos los frentes. Así, tras las numerosas huelgas, manifestaciones y protestas de todo tipo que se han llevado a cabo en los últimos meses, el colectivo ha decidido ahora boicotear la iniciativa de Javier Fernández-Lasquetty usando su propia medicina. Los pacientes madrileños se han organizado para exigir por carta al consejero que les permita acogerse al área única sanitaria implantada en la región. Quieren ser atendidos por profesionales que trabajen en hospitales públicos.

La misiva que utiliza la libre elección de médico que la Comunidad de Madrid impulsó hace unos años para cargar contra las privatizaciones ya corre como la pólvora por las redes sociales. La Marea Blanca se ha encargado de difundir esta carta para lograr el máximo apoyo a la campaña.

Así, los pacientes dejan claro a Lasquetty que “salvo en caso de riesgo para mi salud, y dado que en la Comunidad de Madrid existe un Área Sanitaria Única y libre elección de médico, por medio de la presente quiero comunicarle mi absoluto rechazo a ser atendido por profesionales sanitarios que presten sus servicios o estén adscritos funcionalmente a centros sanitarios privados, concertados o de gestión privada de dicha comunidad”.

En consecuencia, sigue la misiva, “sólo deseo ser atendido por profesionales sanitarios que se encuentren prestando sus servicios en hospitales públicos y, preferentemente, en el hospital público más cercano a mí domicilio”, por lo que solicitan ser dados de baja en el centro sanitario privado y ser adscritos al hospital publico más cercano a su domicilio.

Por último, la carta señala que “si por razón de la especialidad, u otros motivos de carácter clínico, debo ser trasladado, deseo que mi atención sanitaria continúe en centros sanitarios de gestión pública”.

Precisamente el pasado miércoles el colectivo CAS Madrid entregó cerca de 5.000 firmas en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contra la privatización sanitaria y para que todos los pacientes puedan elegir “un hospital, centro o especialista que no pertenezca a una empresa privada”.

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Comunidad de Madrid

Lasquetty abre un nuevo frente con el Colegio de Médicos por las plazas de pediatras y médicos de familia

Javier Fernández-Lásquetty está a la gresca con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). La institución ha denunciado en una carta la desaparición de las plazas de pediatras y médicos de familia tras las jubilaciones forzosas impuestas por la Comunidad de Madrid, aunque la Consejería de Sanidad se ha apresurado a desmentir estas afirmaciones.

En un comunicado remitido ayer por el departamento que dirige Lasquetty, el Gobierno regional “desmiente rotundamente que se haya amortizado ninguna plaza de médico de familia o pediatra, como se asegura desde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid”. Esta es su respuesta a la denuncia lanzada por la Mesa de Atención Primaria de la institución, que aseguraba que en el marco del “actual deterioro” y tras las jubilaciones impuestas, entre otras incidencias están desapareciendo de los centros de salud madrileños “numerosas plazas de médicos de familia y de pediatras”.

El ICOMEM, en una misiva recogida por actasanitaria.com, denuncia que ya hay centros de salud sin pediatra o con uno a tiempo parcial, indica que la atención a los pacientes recae en profesionales de Medicina General ya sobrecargados de trabajo y sin la formación específica.

Asimismo, critica que desde la reciente privatización de la gestión del Programa para la Detección Precoz del Cáncer de Mama (Deprecam) se acumulan los retrasos, las incidencias y las irregularidades, y reina la confusión en algo que funcionaba de forma modélica. “Si eres una mujer de entre 50 y 70 años y vives en Madrid, tu médico de familia no sabe si te van a hacer la mamografía ni cuándo”, dice el Colegio.

Algo que también ha desmentido la Consejería de Sanidad, que en la nota ha negado que se haya privatizado la gestión del Deprecam y ha asegurado que “no se han producido irregularidades” de ningún tipo.

El ICOMEM también ha cargado contra la reducción de un tercio del presupuesto para limpieza de los centros de salud, con una disminución tanto de personal como del horario de trabajo de estos profesionales. Según el Colegio, hay centros de salud donde no hay un trabajador de limpieza presente durante amplias franjas horarias, con el consiguiente deterioro en su habitual y necesaria higiene y limpieza, incluso llegándose al cierre temporal de salas de urgencias y consultas si se produce un vertido accidental de residuos orgánicos (orina, vómito, sangre) por no disponer de personal para proceder a la retirada de los mismos.

A este respecto, el departamento de Lasquetty señala que el nuevo contrato de limpieza de los centros de salud “se ha adjudicado conforme a las condiciones del concurso, adecuándose las horas de trabajo a los metros cuadrados de cada uno de los centros”. Aunque no es el único rifirrafe entre ambas instituciones.

El Colegio ha denunciado también el nuevo sistema de ‘facturación a terceros’, el cobro del servicio a usuarios que carezcan del derecho al mismo por su condición, por ejemplo, de turistas extranjeros, o por la naturaleza del problema -accidentes laborales o de tráfico- implantado en el sistema informático del Servicio Madrileño de Salud. Según ICOMEM, no permite que el personal administrativo recoja los datos de los pacientes, obligando de facto al personal sanitario a estas tareas.

No obstante, la Consejería de Sanidad también niega este punto, asegurando que “el profesional sanitario se limita a cumplimentar en la aplicación informática los datos del paciente y la asistencia que le ha prestado. Con esos datos registrados, se imprime un recibo y el paciente tiene que dirigirse a la unidad administrativa. Es el trámite mínimo imprescindible para que puedan recibir atención por parte de un profesional sanitario”.

Aunque la institución colegial no lo ve así, y considera este proceso “absurdo, gravoso para el sistema, ineficaz e inapropiado, pues detrae tiempo del profesional médico para la atención al paciente, aumentando las tareas burocráticas del mismo”.

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País Vasco

Satse acusa a Osakidetza de cerrar casi el 25% de las camas en verano y reducir "al máximo" las sustituciones

El sindicato de Enfermería de Euskadi, Satse, ha denunciado que Osakidetza cerrará alrededor del 25 por ciento de sus camas durante el periodo estival y reducirá "al máximo" las sustituciones.

El sindicato de Enfermería de Euskadi, Satse, ha denunciado que Osakidetza cerrará alrededor del 25 por ciento de sus camas durante el periodo estival y reducirá "al máximo" las sustituciones.

En un comunicado, la central sindical ha señalado que estas "medidas de ahorro" repercuten en cuestiones "tan graves como el aumento de las listas de espera, tanto médicas como quirúrgicas, las altas de forma precipitada, así como el amontonamiento de pacientes en urgencias". "Los profesionales se ven obligados a atender a los enfermos en los pasillos", ha criticado.

Satse ha asegurado que el cierre de camas aumenta el índice de enfermos desplazados, "que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología" y deben ser atendidos "por profesionales no especializados".

A su juicio, ello es fruto de políticas que "solo buscan el ahorro económico a costa del deterioro de la calidad asistencial".El sindicato ha advertido de que todo esto "sobrecarga" a los profesionales. Para el sindicato, la "excesiva" demanda asistencial debe ser "soportada por una ajustadísima dotación de personal", debido a "la política de reducción de la contratación de sustitutos que está siguiendo Osakidetza".

A juicio de Satse, la "escasez" de profesionales de enfermería, así como la "progresiva precariedad" de sus condiciones laborales, conlleva "una pérdida de la calidad de la atención e, incluso, mayores riesgos para la salud de las personas atendidas". Según ha indicado, todas las investigaciones existentes concluyen que el número de profesionales de enfermería en los centros tiene "un impacto definido y cuantificable en los resultados de salud y mortalidad de los pacientes".

CIERRE DE CAMAS

Satse ha precisado que, de las 4.800 camas de las que está dotada Osakidetza, este verano el sistema vasco de salud cerrará unas 1.140 camas, lo que supone el 23,75 por ciento de sus camas. Por Territorios, ha indicado que Vizcaya pierde unas 530 camas (20%), mientras que Álava se queda sin 245 camas (30%) y Guipúzcoa cierra este verano alrededor de un 22 por ciento, con la pérdida de unas 356 camas.

El sindicato ha señalado que, en Bizkaia, el hospital de Cruces cerrará 200 camas, de las cuales 12 serían de reanimación y UCI, mientras que los usuarios del Hospital de Galdakao se encontrarán con un hospital con 94 camas menos durante los meses de julio y agosto, de las que 10 son para pacientes de salud mental.

En relación al hospital de Gorliz todo el verano se estará con 30 camas menos y el Hospital de Basurto cierra 156 camas durante todo el verano, perdiendo 11 camas de UCI y Unidad Coronaria o la mitad de sus camas quirúrgicas. El Hospital de San Eloy o Santa Marina perderán entre 28 y 30 camas respectivamente, según los datos de Satse.

En Álava, de los dos hospitales que hay en Vitoria, actualmente unificados en el denominado HUA, Santiago se queda sin 125 camas y Txagorritxu sin 120, ha denunciado el sindicato.

Según ha indicado, en Guipúzcoa, el Hospital de Bidasoa cierra las 21 camas de su quinta planta y tanto el Hospital de Mendaro como el de Zumarraga se quedan sin 28 camas de cirugía. A esta situación, ha añadido que en Zumarraga hay cerradas 12 camas de medicina interna que se abren según ocupación.

Finalmente, ha censurado que l Hospital del Alto Deba, que dispone de tres unidades (una de 19 camas, otra de 29 y otra de 39), cierra la unidad de 29 camas durante los meses de julio y agosto, mientras que en el Hospital de Donosti permanecerán cerradas durante el verano 238 camas, "algunas incluso hasta el mes de octubre".

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Comunidad de Madrid

Sindicatos, ayuntamientos y asociaciones denuncian irregularidades en la privatización de hospitales

Aseguran que la empresa Sanitas, que opta al centro de Coslada, ya ha llevado sábanas de la compañía al hospital a pesar de que no se ha formalizado la adjudicación
La Consejería de Sanidad madrileña y la empresa sanitaria lo niegan

El Observatorio Madrileño de Salud, integrado por sindicatos, ayuntamientos y asociaciones que denuncian el proceso de privatización de la sanidad de la comunidad, denuncian irregularidades el proceso de cesión a manos privadas de los seis hospitales que el Gobierno regional ha sacado a concurso. En concreto se refieren al Hospital del Henares, situado en la localidad de Coslada, y por el que se interesó la empresa Sanitas. Según ha señalado el observatorio en nota de prensa, profesionales de esta compañía llevan realizado desde el pasado mayo visitas periódicas a este centro sanitario e incluso en los últimos días "ha habido entrada de sábanas marcadas con el nombre de esta empresa".

La Consejería de Sanidad, en un comunicado, ha desmentido las "acusaciones" del observatorio. También niega estos hechos la compañía que, asegura, no ha enviado "ni deliberadamente ni por error" material a ese hospital. Un portavoz sí admite, como señalan también desde el propio hospital que miembros de la compañía, siempre cumpliendo con las normas que establece el proceso de licitación, visitaron el centro en una ocasión el pasado 28 de mayo.

Los denunciantes, que defienden la veracidad de estos hechos, los consideran "una clara interferencia" en el funcionamiento de un hospital cuya parte sanitaria depende todavía de la Consejería de Sanidad. "Es una información que nos han transmitido profesionales del centro. Y que nos choca bastante porque la apertura de pliegos fue el pasado viernes. Es una falta de respeto a los plazos y al procedimiento", señala Lourdes Castellano, concejala de Sanidad en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

El observatorio considera que esta empresa está "actuando impunemente" como ganadora del concurso público y propietaria y que su actuación evidencia "la farsa en que se ha convertido el supuesto concurso público para la privatización hospitalaria".

La adjudicación definitiva será el jueves

La adjudicación definitiva de los hospitales, según ha confirmado el consejero Javier Fernández-Lasquetty está prevista para el próximo jueves. Ese día se entregará a las empresas HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio en el que está presente Ribera Salud la gestión de seis hospitales de la comunidad. La firma del contrado posiblemente se realizará el 31 de mayo.

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La Marea Blanca denuncia que Lasquetty quiere cerrar quirófanos y UVIs del Ramón y Cajal

La Marea Blanca ha cargado contra Javier Fernández-Lasquetty por los “atropellos que ciertas unidades y servicios están sufriendo de manera encubierta” en el Hospital Ramón y Cajal. El colectivo acusa al consejero de Sanidad de querer cerrar algunos quirófanos, trasladar otros y concentrar las UVIs de Cardiología, Neurocirugía y Cirugía General en una sola, unas operaciones que costarán millón y medio de euros.

Así lo denuncian la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la Asociación Familiar Alonso de Ojeda de Alameda de Osuna-Barajas, la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de los Distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza, el Observatorio de Servicios Públicos de la Plataforma Attac Madrid, la Plataforma por la Sanidad Pública de San Blas y Canillejas y la Plataforma de Trabajadores y Usuarios (PATU-Salud), en una misiva a la que ha tenido acceso EL BOLETÍN.

En ella, la Marea Blanca critica las acciones que está llevando a cabo el Gobierno regional de forma paralela al proceso de privatización de seis hospitales para “desmantelar” los centros “100x100 públicos”. Concretamente, el colectivo indica que “la Dirección del Hospital Ramón y Cajal quiere hacer una reducción y reestructuración de quirófanos y UVIs en este centro. Se propone cerrar algunos quirófanos, trasladar otros y concentrar tres UVIs (Cardiología, Neurocirugía y Cirugía General) en una, lo que según cálculos de los trabajadoros del centro podría suponer también el cierre de unas 10 camas de UVI”.

Asimismo, aseguran sanitarios y pacientes, si este plan se lleva a cabo habrá un “importante recorte de recursos para el hospital: menos capacidad quirúrgica, menos UVIs, menos camas y menos personal”, lo que “reducirá la calidad y la seguridad asistencial”. Y “para colmo se dedicará (al menos) 1,5 millones de euros a este proyecto”, dice la carta.

Por último, la Marea Blanca critica que se estén “derivando sin necesidad numerosas intervenciones quirúrgicas del hospital a clínicas privadas”. Según el colectivo, “mientras se aumentan los gastos para pagar estas derivaciones (en el presupuesto para el año 2013 el dinero destinado a plantillas se reduce 1.429.238 euros, pero el destinado a los conciertos privados aumenta 2.782.990 euros), los quirófanos existentes están a medio gas, y de unas 1.000 camas se están usando menos de 700”. Además, “al reducir el número de quirófanos habrá una nueva excusa para seguir mandando más enfermos a clínicas privadas”.

Unas medidas que, aseguran, “no suceden por casualidad”, ya que “se enmarcan en la política de privatización de la Sanidad pública: hay una privatización visible y otra camuflada que supone el desmantelamiento paulatino de los hospitales públicos de siempre. No es casual, por tanto, que estas medidas se tomen al margen de cualquier consulta a ciudadanos y trabajadores”, concluye el colectivo.

Dirección del Ramón y Cajal

No obstante, el Hospital Ramón y Cajal, aunque reconoce el cierre de UVIs, da una versión distinta. En una nota remitida a este diario el centro confirma que llevará a cabo una “reforma de sus UVIs y áreas de reanimación postquirúrgica para mejorar la asistencia”, aunque se “mantendrá la cifra exacta de camas en cada una de las áreas incluidas”. Asimismo, confirma que “se destinarán más de 1,5 millones de euros a estas obras de mejora y la adquisición de nuevo aparataje”.

Según la misiva del hospital, el objetivo del proyecto de unificación y redistribución de de las unidades de críticos y reanimación postquirúrgica es “la mejora de la distribución y situación de las instalaciones, que actualmente se encuentran dispersas, lo que redundará en unas mejores condiciones para los profesionales y de calidad asistencial para los pacientes”.

Asimismo, se ha planteado la “unificación de los bloques quirúrgicos para mejorar sus instalaciones y rendimiento”. En este sentido, el hospital insiste en que “cualquiera que sea el proyecto de mejora que finalmente se apruebe, la cifra de quirófanos en funcionamiento permanecerá invariable”.

Por último, el Hospital asegura que está inmerso “en un proceso de mejora global del rendimiento de las instalaciones, lo que está permitiendo reducir notablemente las derivaciones a centros concertados”. Según los datos proporcionados, entre 2012 y 2013 las derivaciones de intervenciones quirúrgicas se han reducido en un 20,6%, las derivaciones para realizaciones de TAC han descendido un 26,9%, las de Resonancias Magnéticas un 44,1%, y las de tratamientos de Rehabilitación, un 60,1%.

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Comunidad de Madrid

Sanitas lleva ya sábanas con su logo al hospital madrileño al que opta, aunque aún no se ha adjudicado

Sanitas, que ha pujado por el Hospital del Henares en el concurso abierto por la Comunidad de Madrid, ha llevado ya sábanas con su logo a este centro a pesar de que la adjudicación todavía no se ha confirmado. Así lo afirma la Plataforma por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública del Henares, que en una carta indica que la empresa ha repartido material sanitario marcado con su nombre en distintas áreas del hospital, como Urgencias, UCI y Obstetricia.

En esta misiva a la que ha tenido acceso EL BOLETÍN, fechada el pasado 28 de junio, el colectivo asegura que lo que está ocurriendo deja ver que “a pesar de no haberse producido legalmente la adjudicación, Sanitas tiene autoridad para actuar de esta manera dentro del Hospital”.

“La ciudadanía está viendo indignada cómo se da a entender, sin ningún respeto a las normas y tiempos legales, que antes y de haber sido adjudicado a Sanitas el Hospital del Henares, esta empresa está actuando impunemente dentro del centrol como ganadora del concurso público y propietaria”.

Aunque no es la única denuncia que ha lanzado la Plataforma. El colectivo también critica las “visitas de carácter aparentemente directivo, organizativo y decisorio de la empresa Sanitas al hospital” que se producen de forma muy habitual, “en horario de mañana”, con la consiguiente “alarma social y presión sobre el personal y usuarios” del centro.

Esta Plataforma carga contra estas “irregularidades” y la “ausencia de la necesaria transparencia por parte de la Consejería de Sanidad madrileña sobre la adjudicación del Hospital del Henares a una empresa privada para ser explotado como negocio”. Y para mostrar su rechazo a las privatizaciones trabajadores y usuarios se han encerrado esta misma mañana en el centro.

Se quejan de que el Gobierno autonómico no ha consultado a la ciudadanía a la que va a privar “de lo que es suyo por derecho y que acaba de corroborar con 1.000.000 de votos su deseo de que el Sistema de Salud en esta Comunidad permanezca público”.

Este medio, tras intentarlo, no ha podido ponerse en contacto con la empresa para comentar las acusaciones lanzadas por dicho colectivo.

La Plataforma por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública del Henares está formada por AAVV Jarama, AAVV Parque Henares, AFA Corredor, ATTAC, AECC, APAINE, APRA, Paulo Freire, AAVV Ciudad 0, Transplantados del Corazón, Coordinadora de Asociaciones de Coslada, AAVV Barrio de la Estación, Mente y Sociedad, Monserrat Roig, Puerta de Goya, Ecologistas en Acción San Fernando y Coslada, ARCO Coslada, PSOE San Fernando y Coslada, IU San Fernando, Coslada, Mejorada y Loeches, y la Concejalía de Salud de San Fernando.

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Ante la adjudicación de la privatización de los hospitales

El empecinamiento por continuar adelante con las adjudicaciones solo puede responder a ocultos compromisos adquiridos con las empresas, o al intento de salvar la carrera política de Gonzalez y Lasquetty.

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La adjudicación de los hospitales privatizados a las empresas que se presentaron a concurso no ha deparado muchas sorpresas salvo la pertinacia de la Consejería de Sanidad y del gobierno del PP madrileño.

Era obvio que los hospitales iban a ser adjudicados a las únicas empresas que se presentaron y que “casualmente” lo hacían a distintos centros, con lo que el supuesto concurso se convirtió en una farsa en el que todo apunta a que ha habido un reparto previo al mismo
Consecuentemente las ofertas se ajustan de manera escandalosa a los precios que fijo la Consejería de Sanidad, porque en un proceso concertado no tienen sentido la rebaja de precios que solo se produciría si hubiera una competencia real.

Las empresas adjudicatarias plantean serios problemas. Carece de legitimidad el empeño del gobierno de la CAM en vender estos hospitales a un fondo de inversión británico (BUPA) a una empresa extranjera que afirma estar más interesada en hacer negocio con el turismo sanitario que en la atención a la población madrileña (HIMA) y a una empresa insolvente, que ha causado la ruina de miles de madrileños y un agujero insalvable en las arcas públicas (Ribera Salud).

Otro aspecto llamativo es que las empresas solo optan al 70% de los hospitales y disponen de unas pocas semanas para tratar de convencer a los profesionales de que financien el 30% restante y se conviertan en accionistas de estos hospitales privatizados, los mismos profesionales que han protagonizado una movilización histórica contra esta privatización. Parece que el objetivo de estas empresas es lograr que los profesionales aporten el dinero para iniciar el negocio, mientras llega el dinero publico, lo que parece muy difícil salvo que se produzcan presiones para conseguirlo.

Por supuesto no cabe esperar de esta privatización ni una mejora de la atención sanitaria de la población, ni una disminución de las listas de espera, porque como es bien conocido los sobrecostes de la privatización se están pagando con durísimos recortes en los centros que continúan con la gestión tradicional y que se expresan sobre todo en una significativa disminución del personal de todas las categorías. Desde la ADSPM y el Observatorio madrileño de Salud, ya señalamos que los recortes en el sistema sanitario público madrileño significaban:

http://www.nuevatribuna.es/media/nuevat ... 2.5.13.pdf

http://www.nuevatribuna.es/media/nuevat ... 2.5.13.pdf

http://www.nuevatribuna.es/media/nuevat ... 2.5.13.pdf

Y aunque Lasquetty pretenda echarle la culpa a la huelga (que el mismo de manera contradictoria con lo que ahora dice) aseguró que no había tenido casi ninguna incidencia, la realidad es que los recortes realizados en los centros de la Sanidad Pública de gestión tradicional, para pagar los negocios empresariales de las privatizaciones, son los responsables del desastre de la Sanidad madrileña.

El gobierno madrileño y la Consejería de Sanidad se ha empecinado en continuar con un proceso privatizador realizado a marchas forzadas y con el rechazo frontal de los profesionales, las organizaciones ciudadanas y de la mayor parte de los usuarios de estos hospitales, incluyendo a los votantes del PP. Es una decisión absurda y condenada al fracaso.

Además todo el proceso se encuentra pendiente de las decisiones judiciales a los múltiples recursos, en España y ante la UE, puestos por las entidades políticas y sindicales. El sentido común habría obligado a esperar que se despejase esta multitud de actuaciones legales antes de tomar una decisión, que de prosperar alguna de las mismas tendrá efectos indeseados y muy negativos para todas las partes (ciudadanos, profesionales e incluso las empresas).

El empecinamiento por continuar adelante con las adjudicaciones solo puede responder a ocultos compromisos adquiridos con las empresas, o al intento de salvar la carrera política de Gonzalez y Lasquetty. En cualquier caso una muestra más del desastre y el caos en que se ha convertido la situación sanitaria madrileña donde la incompetencia y los intereses económicos y personales de unos pocos están perjudicando a la salud de toda la población.

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"No voy a urgencias porque me lo cobran"

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Madrid consuma la privatización de seis hospitales durante una década

El Gobierno madrileño entrega de forma oficial a manos privadas la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos
Los trabajadores del sector sanitario, que han mantenido una actitud combativa contra la privatización, dicen tener una sensación "agridulce"
La imputación de la cúpula sanitaria madrileña les reconforta pero lamentan que el proceso siga adelante.

La gestión de otros seis hospitales madrileños construidos con dinero público ya está oficialmente en manos privadas. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha dado cuenta este jueves de la adjudicación para los próximos 10 años a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL. De esta forma se consuma el mayor proceso privatizador de la sanidad española.

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CCOO pide en los juzgados la nulidad del plan de reordenación de personal sanitario de Lasquetty

CCOO ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para exigir la nulidad total del Plan de Reordenación de Recursos Humanos impulsado por Javier Fernández-Lasquetty. La Consejería de Sanidad elaboró este documento para recolocar al personal de los seis hospitales que se van a privatizar.

El sindicato ha tomado esta decisión, según ha informado en una nota, ya que entiende que este plan “conllevará la destrucción de empleo público y la descapitalización de la Sanidad pública”.

La demanda de CCOO carga contra el punto relativo “a la provisión de puestos de jefatura en centros hospitalarios”, por entender que “su regulación no es objeto de un plan de ordenación de recursos humanos”, y exige la “revocación de la movilidad forzosa” de los profesionales por cierre del centro de trabajo, por concentración de la actividad en uno o varios centros de trabajo y por necesidades asistenciales justificadas, puesto que “conllevará la destrucción de empleo público, además de atentar contra los derechos laborales de los trabajadores”.

Asimismo, Rosa Cuadrado, secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO Madrid, ha indicado que la acción judicial va también contra la “cesión” de profesionales de centros sanitarios públicos contemplada por Lasquetty, y cuya única finalidad es “seguir descapitalizando la Sanidad pública tanto en recursos materiales como humanos, revirtiendo todos estos recursos a favor de las empresas privadas, puesto que serán empleados públicos trabajando para una empresa privada”.

CCOO también critica que la Comunidad de Madrid pretenda “integrar al personal funcionario sanitario de carrera, sin especificar si mantendrían sus condiciones económicas actuales o si esto provocaría despidos del personal funcionario interino”, por lo que reclama que, en todo caso, la integración sea “voluntaria y con garantías del mantenimiento de los puestos de trabajo y condiciones laborales para el personal interino y para que aquellos que no optaran por la estatutarización”.

El sindicato sigue así a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), que hace una semana presentó una demanda en el TSJM para frenar este plan.

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Castilla-La Mancha

IU inicia otra batalla contra los recortes sanitarios de Cospedal

U unida ha dado un paso más en su oposición a los recortes sanitarios de María Dolores de Cospedal. La formación ha decidido abrirle una nueva batalla a la presidenta de Castilla-La Mancha organizando un debate en defensa de la Sanidad pública que se celebrará este miércoles en Toledo, todo ello tras conocer que cerrará este verano el 30% de las camas hospitalarias.

La convocatoria a la charla-debate sobre la sanidad tendrá lugar el miércoles 10 de julio, a partir de las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura de la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza. Un encuentro en el que participarán Caridad García Álvarez, diputada nacional de IU; Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP); y Emilio José Hernández Martínez, concejal de IU y pediatra de Santa Cruz, Villarubia y Villatobas.

Así, bajo el lema ‘Con la Sanidad no se juega’, y recordando las consignas que ha gritado la Marea Blanca en sus manifestaciones a lo largo y ancho del país (‘La Sanidad no se vende, se defiende’ y ‘Sanidad pública, de tod@s para tod@s’), IU, profesionales y pacientes pretenden denunciar los constantes ataques de Cospedal a este servicio público.

El último, como adelantó EL BOLETÍN, ha sido decretar el cierre de entre 800 y 900 camas hospitalarias este verano y ordenar la sustitución del 12% del personal de vacaciones en los ambulatorios, cuando el año pasado se cubrieron las ausencias estivales del 40% de trabajadores.

Según denunció CCOO, “estas medidas suponen un recorte drástico en el empleo en nuestra región. No aumentará el paro pero sí contribuirá de forma determinante a que no aumente la contratación, que era muy importante en años anteriores. Y, sobre todo, es un atentado contra los manchegos ya que no se les garantiza un derecho contemplado en nuestra Constitución, el derecho a la Salud”.

Precisamente, esta región ya se levantó contra la intención de Cospedal de cerrar las urgencias rurales nocturnas. La presión fue tal que a la también secretaria general del PP no le quedó más remedio que dar marcha atrás y abandonar su plan.

Las nuevas movilizaciones que se están gestando en Castilla-La Mancha podrían cobrar más fuerza ante las últimas revelaciones de Luis Bárcenas. El extesorero del PP dijo, en una conversación con el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, que Cospedal habría cobrado una comisión de 200.000 euros por encargo del PP manchego a cambio de una contrata municipal en Toledo a una empresa de construcción y servicios.

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La Justicia madrileña suspende cautelarmente la privatización de hospitales impulsada por Lasquetty

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización de hospitales impulsado por Javier Fernández-Lasquetty. Acepta así la petición del PSM y paraliza de forma inmediata la adjudicación de seis hospitales a Sanitas, HIMA San Pablo y el consorcio formado por Ribera Salud, OHL y El Corte Inglés. Los socialistas pidieron esta medida ante el cambio de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en los pliegos del concurso para modificar el aval exigido a las empresas.

La Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo ha aceptado las medidas cautelarísimas que había pedido la formación que lidera Tomás Gómez, aunque según informa El País la paralización es provisional, hasta que el TSJM tome la decisión de ratificarla o no una vez la Consejería de Sanidad haya alegado lo que considere oportuno.

La demanda de los socialistas se centraba en una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como corrección de errores un cambio sustancial en el aval que debían presentar los adjudicatarios.

Así, el Gobierno regional pasó de exigir un 5% de la adjudicación total del contrato a un 5% del importe del primer año, una reducción del 90% del importe, puesto que la concesión se había fijado por 10 años.

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La Justicia paraliza cautelarmente la privatización sanitaria en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado la petición de suspensión cautelar que pidió el PSM
Los socialistas argumentaron que la consejería cambió las condiciones de acceso a la adjudicación en pleno concurso
Esta decisión se suma a la reciente imputación de la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización bajo el mandato de Esperanza Aguirre

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado de forma cautelar el proceso de privatización de seis hospitales en la Comunidad de Madrid. Es la respuesta a la demanda de suspensión del proceso de licitación presentada por los socialistas madrileños. Se trata de una paralización provisional hasta que la Consejería de Sanidad exponga sus alegaciones tal y como le encomendó hacer el juez el pasado 5 de julio. Le dio 10 dias para hacerlo.

En su demanda contra la "publicación" de los pliegos, entre otros motivos, el PSM argumentó que la consejería había flexibilizado las condiciones del concurso al cambiar la cantidad económica que las empresas tenía que presentar a modo de aval de un 5% del total de la adjudicación del contrato al mismo porcentaje pero sólo sobre la cantidad correspondiente al primer año.

Esta decisión judicial, por tanto, suspende de forma temporal la adjudicación para los próximos 10 años a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL consumada el pasado 4 de julio. Y se une a la imputación de la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización tras admisión a trámite de la querella presentada por los facultativos contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Esperanza Aguirre Manuel Lamela y Juan José Güemes por presuntas irregularidades cometidas en los primeros hospitales de la comunidad cuya gestión se externalizó.

olmo

La Justicia investiga un favor millonario del Gobierno de González a las beneficiarias de la privatización sanitaria

Un saludo al foro!
Olmo

olmo

El juez pide a infoLibre los papeles que prueban la conexión de Capio con las Islas Caimán

Saludos al foro
Olmo

olmo

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Olmo

olmo

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Olmo

olmo

Comparto con vosotros este articulo;

Un saludo a todos!
Olmo

olmo

La Comunidad Valenciana , del PP, rompe la unidad de la asistencia sanitaria en España.

Un saludo al foro!
Olmo

Fer

Si señor!, ya se ve que cuando lanzan estas normativas, lo primero es el paciente... verdad?, por si no queda claro, estoy ironizando, este país necesita más espíritu de servicio y menos políticos... X(

La Consejería de Sanidad valenciana ha publicado una orden que obliga a las personas con enfermedades crónicas que estén en la región por periodos inferiores a tres meses, a acreditar con un informe clínico que padecen esa enfermedad crónica o, en su defecto, a llevar las recetas selladas de su autonomía de origen.

En cualquier caso, los servicios sanitarios podrán prescribir el medicamento, pero con recetas de pago, y el paciente deberá abonarlo, y luego reclamar el reintegro a los servicios sanitarios de su comunidad.
Olmo

owash

Sí, mi comunidad siempre encabezando iniciativas innovadoras para el paciente.

Esto es especialmente grave...y mira que hay cosas que hemos hecho por aquí para elegir.
Pero es saltarse la ley con la cara más dura que tienen, que es toda.

Para este tipo de cosas deberían existir asociaciones que denunciaran penalmente a los políticos. Porque esto que hacen es delito, al menos de prevaricación.

Lo de la historia clínica digital para toda españa, qué lleva? 6 o 7 años para llevarse a cabo?

Por una SANIDAD UNIVERSAL

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